Apurado por la Casa Rosada, el kirchnerismo enfrenta una semana clave en el Senado, en la que buscará imponer, en dos sesiones consecutivas, la designación de la fiscal Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación y aprobar la expropiación de la impresora Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica).
El pliego de la fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial se muestra como el trámite más sencillo, ya que su presencia en la audiencia pública del martes de la semana pasada convenció a la mayoría de los bloques de la oposición (UCR, peronismo disidente y Frente Amplio Progresista) de aprobar su designación.
La sesión en la que se discutirá su nombramiento está prevista para pasado mañana y el apoyo de la oposición le garantizará el voto de los dos tercios de los presentes que exige la ley de Ministerio Público para designar al jefe de los fiscales.
Así, la designación de Gils Carbó completará la vacante abierta en abril último por la renuncia del peronista histórico Esteban Righi a la Procuración, en respuesta a la denuncia por supuesto tráfico de influencias en el Poder Judicial que le lanzó el vicepresidente Amado Boudou en el marco de su defensa por las acusaciones que lo involucran en las supuestas irregularidades cometidas en el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone.
UN TEMA COMPLEJO
Precisamente, el escándalo desatado en torno a la adquisición de la firma impresora por parte del fondo The Old Fund, cuyo CEO, Alejandro Vandenbroele, fue acusado por su ex mujer de ser testaferro de Boudou, será motivo de debate en el Senado este jueves.
Ese día fue convocada por el kirchnerismo la sesión para discutir el proyecto del Poder Ejecutivo que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la Compañía de Valores Sudamericana, empresa sucesora de Ciccone Calcográfica y controlada por el misterioso fondo The Old Fund.
El proyecto ingresó el martes pasado al Senado y el kirchnerismo aceleró su tratamiento parlamentario al extremo de haber forzado, el jueves último, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda para firmar dictamen.
La iniciativa fue rechazada por un amplio sector del arco opositor, que cuestionó el apuro del oficialismo y la falta de información clave sobre la empresa que el Poder Ejecutivo pretende expropiar con el argumento de recuperar la “soberanía monetaria” en la impresión de billetes de curso legal.
Sin embargo, y más allá de la polémica, el kirchnerismo tiene asegurados los votos para sancionar el proyecto. Mucho más cuando senadores como el cordobés Luis Juez (FAP) y los peronistas disidentes de Salta, Juan Carlos Romero y Sonia Escudero, anunciaron que apoyarán el proyecto en virtud de que habían presentado, meses atrás, iniciativas similares.
El apuro oficialista se trasladará a la Cámara de Diputados, donde las huestes conducidas por Agustín Rossi (Santa Fe) pretenden sancionar la ley el miércoles 22 de agosto.