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WASHINGTON. Parece haber un topo demócrata en la campaña de Romney. ¿Podría ser el mismo Romney? Bueno, por supuesto que no. Pero considerando la conducta de la campaña, parecería serlo. El presidente Obama y sus aliados han pintado a Romney como un ricachón desconectado de los norteamericanos promedio, que usará su presidencia para enriquecer a los ya ricos. Para contrarrestar esta imagen perjudicial, lo último que uno esperaría que hiciera Romney es adoptar un plan fiscal que favorezca a los súper-ricos.

Robert Samuelson

Que es exactamente lo que ha hecho.

Tras examinar la propuesta de Romney, el Tax Policy Center, que no es partidario, concluyó que las familias con ingresos de más de 200.000 dólares recibirán recortes fiscales; mientras tanto, los impuestos se elevarán para el otro 95 por ciento de la población. Los contribuyentes que ganen más de 1 millón de dólares recibirán un recorte promedio de 87.000 dólares; los que ganen menos de 200.000 dólares pagarán un promedio de 500 dólares más. Romney niega que aumentará los impuestos de la clase media, pero no ha presentado prueba alguna de que el análisis del Tax Policy Center sea incorrecto.

¿En qué está pensando?

No es sólo que la política sea venenosa. La parte económica tampoco tiene sentido. Muchos norteamericanos ricos ya tienen tasas más bajas que el promedio, porque sus ingresos provienen, en gran medida, de las ganancias de capital (ganancias realizadas en la venta de acciones u otros bienes) y de dividendos. Esas operaciones se gravan a una tasa preferencial del 15 por ciento. ¿Recuerdan el escándalo sobre Warren Buffett y su secretaria? Aunque el 5 por ciento más rico aún paga alrededor del 40 por ciento de los impuestos federales, es cuestionable que reducir más su carga fiscal vaya a fortalecer la economía.

Es cierto, el enfoque básico de Romney es sólido: reducir las tasas más altas y contrarrestar los ingresos perdidos acabando con las exenciones fiscales. Romney bajaría la tasa fiscal máxima de un 35 a un 28 por ciento y la más baja de un 10 a un 8 por ciento. Eso mejoraría el incentivo para trabajar e invertir. La gente conservaría más dólares de su paga. Al reducir las exenciones fiscales el código fiscal dejaría de ser un medio político para premiar o penalizar a diferentes grupos o industrias.

Romney aún no ha dicho qué exenciones fiscales se eliminarán. Pero ha tomado dos decisiones que benefician a los norteamericanos de mayores ingresos. La primera es revocar el impuesto a la herencia, que en 2009 se aplicó sólo al 0,6 por ciento de las defunciones y recaudó 21.000 millones de dólares. El segundo es retener las preferencias fiscales para las ganancias de capital y los dividendos, que se calcula que costaron 85.000 millones de dólares en rentas públicas en 2013. Así pues, los ricos se beneficiarían de las tasas más bajas en los ingresos ordinarios (jornales, sueldos) y de las preferencias fiscales que, en gran medida, los benefician. Para mantener el paquete neutro en cuanto a los ingresos —recaudando la misma cantidad que el sistema actual— habría que realizar recortes más profundos en las exenciones de la clase media.

El daño político de este plan fiscal sesgado trasciende sus detalles. El principal atractivo de la candidatura de Romney era que traería una competencia a la política económica que inspiraría la confianza necesaria para reactivar la economía. La idea era presentar un contraste convincente con Obama, cuya poca comprensión y simpatía hacia las empresas parecen obvias y podría decirse que han dificultado la expansión económica.

El plan fiscal de Romney pone en cuestión su supuesta superioridad. El plan parece creado más que nada para satisfacer al electorado republicano, que apoya fervientemente la eliminación del impuesto a la herencia y las tasas de las ganancias de capital bajas. La campaña ha indicado un estudio según el cual el plan de Romney aumentaría la producción económica en un 5 por ciento, 750.000 millones de dólares con los precios de hoy, después de cinco años. La proyección parece una exageración —son sólo cifras generadas por un modelo de computadora— pero también es irrelevante, porque el plan fracasaría al llegar al Congreso.

Bajo cualquier circunstancia, ampliar la base fiscal reduciendo exenciones populares sería difícil. Enormes electorados se benefician de los descuentos del interés de las hipotecas y de las donaciones benéficas. Entre otras exenciones populares están la exclusión de los ingresos del seguro médico pagado por el empleador y los créditos fiscales para la matrícula universitaria. Eliminarlos de manera tal que los impuestos se eleven para el 95 por ciento más pobre y que caigan para el 5 por ciento más rico sugiere una forma de suicidio político no muy atractiva para funcionarios electos.

Lo curioso es que, con unas pocas modificaciones valientes, Romney podría haber presentado un plan más plausible. En 1986, Ronald Reagan apoyó la eliminación de la tasa preferencial para las ganancias de capital, que permanecieron entonces a un 28 por ciento entre 1987 y 1997. A la economía le fue de lo más bien. Romney podría haber emulado a Reagan al proponer una tasa fiscal máxima del 30 por ciento y un fin a las preferencias de las ganancias de capital y de los dividendos.

En verdad, estas preferencias podrían socavar la eficiencia de la economía. Debido a que las tasas bajas para las ganancias de capital se aplican (ilógicamente) a los administradores de los fondos de inversión y de patrimonio privado, podríamos tener demasiados fondos de inversión y de patrimonio privado. Cuando se subsidia algo, eso se multiplica.

Así pues, Romney podría haber asestado un golpe de justicia, eficacia, simplicidad —e independencia política. En lugar de eso, le ha dado un regalo a Obama.

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